La situación económica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias obligaba a la Generalitat Valenciana a realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aprobaba en septiembre de 2012. De un total de 325, la plantilla se vio reducida en 105 trabajadores, de los cuales 70 fueron despidos forzosos. A estos, se sumaron 35 bajas por prejubilaciones, bajas voluntarias y finalización de contratos temporales; y la amortización de 25 plazas que en ese momento no se encontraban cubiertas, según explica el Comité de Empresa de CACSA.
A las puertas de la privatización, el diario El Mundo publicaba una pieza el 24 de marzo de 2013 en la que aludía a la existencia de “inquietud de que antes de adjudicar la externalización» en la medida en que «la Generalitat pueda verse forzada a aprobar una segunda oleada de despidos para “adecuar” las plantillas a las exigencias de los posibles operadores”. Sin embargo, tanto el Secretario Autonómico de Turismo, Daniel Marco, como el comité de empresa durante las respectivas entrevistas realizadas, niegan tener “constancia» de ese hecho.