La anunciada privatización de la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha abierto un debate en la sociedad y también en la política.

De hecho, parece que el gobierno valenciano se ha quedado solo en esto de cambiar los derroteros del complejo. La oposición lo tiene claro. Esquerra Unida (EUPV) se opone a “dar negocio a empresas privadas y no mejorar la gestión de lo público”, en palabras de su portavoz, Ignacio Blanco.

En la misma línea, Eva Martínez, diputada socialista en las Cortes señala la oposición del partido “porque entendemos que desde la gestión pública se puede gestionar un centro cultural como este evitando que los beneficios se los quede una empresa privada”. Además, apuestan por considerar propuestas alternativas a la privatización, tal y como expuso Martínez en el pleno de las Cortes del pasado día 7 de mayo.

Por su parte, Compromís, como ha manifestado en diversas ocasiones en les Corts, recalca lo disparatado de gastarse tanto dinero para “darle el negocio a una empresa privada”.

El Comité de Empresa de la Ciudad de las Artes y las Ciencias también confirma su pleno desacuerdo, y es que, según informaron, “más del 80% de la plantilla se ha posicionado en contra de la privatización”. Defienden que, de haber beneficios en un futuro, “se cederán a una empresa privada”, por lo que “no repercutirán en la economía valenciana”. Además, consideran que la situación actual de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se debe “a la situación económica de la Comunidad Valenciana y al objetivo de cumplimiento de déficit que tiene” puesto que “si hay empresas privadas interesadas en este complejo es porque con una gestión correcta, esto da dinero”. Ésta es la es la postura del comité de empresa.

La Generalitat Valenciana apuesta firmemente por la privatización de la gestión de CACSA.|L.Osset

Por todos estos motivos, el Comité ha planteado un plan de viabilidad para la gestión del complejo desde lo público, que hasta el momento parece no haber llamado la atención de la Generalitat. Esta alternativa, que han publicado en su blog, pasa por “gestionar correctamente los espacios alquilables” puesto que denuncian la ausencia de una política comercial adecuada; “plantear un plan de negocio para el Ágora” o “dinamizar” el complejo para combinar la rentabilidad económica y el cumplimiento de objeto social.

Sin embargo, expertos como el periodista económico Joaquim Clemente, el arquitecto Luis Casado o la economista Blanca Marín —especializada en Urbanismo y con gran experiencia en estudios económicos y análisis de viabilidad económica— se muestran algo más escépticos.

Clemente afirma que CACSA forma parte de una “sociedad económicamente avanzada” y ve “positivo que determinados servicios que la Generalitat no tiene por qué prestar se privaticen”. De la misma manera, Blanca Marín pone el acento en el objeto social del complejo: “Si con la gestión privada podemos garantizar la prestación de un servicio que cumple con su finalidad y además empleando el mínimo de recursos posibles, ¿por qué no hacerlo?”. Sostiene que si la contratación es “transparente y favoreciendo la aspiración del mayor número de ofertas mediante concurso no tiene que ser, por definición, peor la gestión privada que la pública”.

Casado es más tajante, y señala lo apropiado de “quitarnos de encima unas pérdidas que estamos asumiendo por tener ahí un tinglado que me gustaría que no existiese”.

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