En julio de 2013. Finales de enero. Antes de las fallas. Antes de verano. Cuatro fechas ha dado el Conseller de Economía, Máximo Buch, para la publicación del pliego de condiciones —realizado por la consultora Deloitte— que abrirá el curso público para la privatización de la gestión, y que aun no ha visto la luz.
La mayoría de fuentes consultadas coinciden en que la razón fundamental del retraso radica en la complejidad de privatizar la gestión de un complejo de tales dimensiones. El Secretario Autonómico de Turismo, Daniel Marco, afirma que se trata de uno de los contratos “más grandes” que ha hecho la Administración Valenciana que afecta a un elemento “muy sensible”, tal y como explica aquí.
Edificio de la Generalitat Valenciana. |L.Osset
Y el Conseller de Economía, Maximo Buch, recuerda que la concesión es para un largo plazo: “más vale tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien, que tener prisa y luego tener los próximos 15 años algo de lo cual nos podamos arrepentir”.
No obstante, también hay quién dice que los retrasos se deben a los procesos de negociación con los posibles licitantes, un hecho que Buch reconocía con un discreto: “sí, hemos tenido contactos”. El periodista económico, Joaquim Clemente, explica que las conversaciones con los aspirantes a operador se encuentran “dentro de lo razonable”, puesto que la Generalitat “necesita orientarse, saber bajo qué condiciones estarán dispuestas unas empresas a participar en un concurso que incluye el servicio público de mayor valor económico que se saque en la Comunidad Valenciana en los últimos años”.
Respecto al concurso, y a la preocupación que existe sobre su transparencia, competitividad y consecuencias, Marco asegura que estará sometido a la Ley de Contratos del Sector, y que por tanto “se garantizarán los derechos de los trabajadores, las condiciones del mercado y también la libre competencia”.
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